Un grupo de futbolistas argentinos denunció haber sido víctima de una presunta estafa millonaria mediante inversiones inmobiliarias en Baltimore, estado de Maryland (EE.UU.). Según la investigación publicada por TN, los jugadores entregaron más de dos millones de dólares a una organización empresarial que prometía comprar, remodelar y alquilar viviendas con una rentabilidad anual de entre el 10 % y el 11 % en dólares.
Entre los denunciantes figuran Lucas Rodríguez, Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Juan Brunetta, Gonzalo Maroni, Alejandro Mena y Facundo Fraga. Los siete realizaron inversiones por un total de 2.125.000 dólares, de acuerdo con los montos detallados en la presentación judicial. En total, la denuncia involucra a 11 presuntos damnificados.
Los acusados son cuatro socios inmobiliarios que operaban en la ciudad argentina de La Plata y mantenían actividades en EE.UU. También fueron denunciados la esposa y un sobrino de uno de ellos. Según la presentación, organizaban reuniones en hoteles de lujo de La Plata y Buenos Aires para captar inversores, a quienes ofrecían un modelo de negocio 'llave en mano', mediante el cual se encargarían de adquirir, remodelar y administrar las propiedades.
Sin embargo, los inversores descubrieron que numerosas viviendas presentaban graves irregularidades. Algunas nunca fueron entregadas ni terminadas, mientras que otras estaban abandonadas, ocupadas o en ruinas. También registraban importantes deudas impositivas, multas municipales y violaciones a las normas de construcción. En ciertos casos, las propiedades ni siquiera estaban legalmente habilitadas para venderse de manera independiente.
Uno de los principales denunciantes es Emiliano Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galletti, quien había comenzado a invertir en Baltimore en 2021. Según su testimonio, los empresarios organizaron visitas a viviendas, oficinas y restaurantes costosos para generar confianza.
"Nos aseguró que no deberíamos preocuparnos por absolutamente nada, que se iban a encargar de todo"
También afirmó que los acusados exhibían una aparente solvencia económica para convencerlos de entregar dinero.
La causa iniciada en la Justicia es por presunta estafa inmobiliaria y asociación ilícita. El abogado de los denunciantes, Ignacio Fernández Camillo, solicitó pericias contables, declaraciones testimoniales e informes sobre las empresas involucradas para determinar el destino de los fondos. La Fiscalía ya comenzó a citar a los damnificados y dispuso medidas de prueba para esclarecer los hechos.