Entre 1989 y 1993, los miembros de la secta religiosa Lineamiento Universal Superior (LUS), de carácter místico y ufológico, sembraron el terror y la impunidad en Altamira, una comunidad del interior del estado de Pará, al norte de Brasil. La investigación judicial acreditó un saldo de 18 víctimas entre fallecidos, sobrevivientes y cinco menores desaparecidos. El grupo perpetró una ola de crímenes de tortura, desmembramiento y asesinato de una multitud de niños.
Sin embargo, la perseverancia de las familias y la confesión de tres sobrevivientes permitió romper el silencio sobre la red criminal que operaba bajo el velo del esoterismo, según reseña un reporte académico sobre el caso.
Detrás de esas prácticas rituales con las que buscaban beneficios económicos y personales, operaba una estructura organizada que elegía a sus víctimas con frialdad. Los integrantes de la secta, que también tuvo sede en Argentina, capturaban a niños de entre 8 y 13 años para someterlos a torturas y mutilaciones. Entre los menores asesinados están: Jaenes da Silva Pessoa, Klebson Ferreira Caldas, Otoniel Bastos Costa, Vandiclei de Oliveira Pinheiro, Jurdiley da Cunha Chipaia y Flávio Lopes da Silva.
La secta, fundada por Valentina de Andrade en Argentina en 1984, sostenía una doctrina de origen ocultista: creían que los niños nacidos después de 1981 eran «criaturas del mal poseídas de energías nefastas», según recoge un análisis sobre el grupo. Esa creencia fue el sustento ideológico de la barbarie.
La revelación de la oscura trama sacudió al país al quedar expuesta la participación de prominentes figuras de la sociedad local. El grupo integraba a médicos que ejecutaban las castraciones, comerciantes y miembros de las fuerzas de seguridad. A pesar de la crueldad de los ataques, tres niños lograron sobrevivir y sus testimonios resultaron cruciales para esclarecer los hechos en los tribunales. Sin embargo, todos fueron víctimas de mutilación de sus genitales.
Las familias y las víctimas tuvieron que esperar una década para conseguir de algún modo algo de justicia. En 2003, el tribunal de Pará dictó sentencia para los principales responsables. El médico Anísio Ferreira de Souza recibió una pena de 77 años de prisión, mientras que su colega ginecólogo Césio Flávio Caldas Brandão y el comerciante José Amadeus Gomes fueron condenados a 56 años de cárcel cada uno. La justicia impuso 32 años de reclusión al hacendado Amaílton Madeira Gomes y 35 años al expolicía Carlos Alberto Santos Lima. En tanto, el excabo policial Aldenor Ferreira Cardoso jamás compareció por encontrarse prófugo y se presume que habría muerto.
En el proceso también cayó Valentina de Andrade, la sacerdotisa de 65 años que lideraba LUS y quien fue capturada en un fallido intento de escape cuando pretendía abordar un vuelo comercial hacia Argentina para eludir el banquillo de los acusados. Sin embargo, fue absuelta: el tribunal determinó que la fiscalía no presentó pruebas materiales suficientes que demostraran su participación directa o autoría intelectual en los crímenes.
La mujer vivió en libertad durante casi dos décadas y murió a los 91 años, el 31 de diciembre de 2022, en la ciudad de Londrina, en Paraná, al extremo sur de Brasil, a más de 3.095 kilómetros de distancia de Altamira. La noticia de su muerte reavivó el debate sobre la impunidad y los vacíos del proceso judicial que dejó a la mente detrás de la secta sin una condena efectiva.
El caso de Altamira sigue siendo, décadas después, una herida abierta en la memoria de Brasil. La reconstrucción pública del expediente y los testimonios que sobrevivieron al tiempo son el único registro de lo que ocurrió en aquellos años en los que el misticismo sirvió de máscara para el horror.