Los ministros Kassio Nunes Marques y André Mendonça, del Tribunal Superior Electoral de Brasil, emitieron una serie de decisiones que obligan al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a la primera dama Janja Lula da Silva y a diputados aliados a eliminar de sus redes sociales contenidos que atribuían al senador Flávio Bolsonaro intenciones específicas sobre programas sociales, jornada laboral y supuestos vínculos con el crimen organizado.
Las resoluciones, de carácter liminar y aún pendientes de ratificación por el pleno del TSE, responden a cuatro procesos presentados por el propio candidato del PL a la Presidencia. Los ministros consideraron que las publicaciones presentaban como hechos ciertos una serie de consecuencias catastróficas atribuidas a un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro, sin que existieran elementos objetivos suficientes que respaldaran tales afirmaciones. La decisión fue reportada por G1 y el propio TSE difundió la medida a través de sus canales oficiales.
Las publicaciones bajo la lupa
Una de las decisiones más destacadas, firmada por Nunes Marques, alcanza un vídeo difundido en los perfiles de la primera dama Janja Lula da Silva. En esa pieza, se afirmaba que Flávio Bolsonaro pretendía imponer una jornada laboral de siete días por semana, extinguir el programa Farmácia Popular y que, bajo su eventual mandato, el crimen organizado dominaría el país. El ministro otorgó un plazo de 24 horas para la retirada del contenido y prohibió la republicación de material sustancialmente equivalente.
Nunes Marques reconoció que ciertos fragmentos del vídeo podían ampararse en la libertad de expresión política, pero sostuvo que atribuir al candidato, «como hechos ciertos y sin sustento mínimo», la intención de imponer jornadas extenuantes o la entrega del país al crimen organizado «transborda la crítica política para divulgar hechos sabidamente inverídicos y gravemente descontextualizados en perjuicio de un candidato».
«Entiendo que la publicación, al atribuir al representado, como hechos ciertos y sin sustento mínimo, la intención de imponer al trabajador jornada de siete días por semana, el propósito de extinguir el Programa Farmácia Popular y la entrega del país al dominio del crimen organizado, insertos en un encadenamiento que le imputa, además, la repetición de las muertes de la pandemia, transborda la crítica política para divulgar hechos sabidamente inverídicos y gravemente descontextualizados en desfavor de candidato.»
— Ministro Kassio Nunes Marques
Las órdenes de Mendonça
Por su parte, el ministro André Mendonça firmó tres despachos adicionales. Uno de ellos ordena la eliminación de una publicación difundida por el propio presidente Lula, en la que se afirmaba que los recortes presupuestarios de Flávio Bolsonaro —calculados en 200.000 millones de reales según declaraciones del propio senador— afectarían programas como Pé-de-Meia, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, la merienda escolar y el Gás do Povo, además de impedir reajustes del salario mínimo por encima de la inflación.
Para fundamentar su decisión, Mendonça citó el plan de gobierno del candidato del PL, documento en el que, según el ministro, se menciona expresamente el mantenimiento de programas sociales. El magistrado argumentó que no es admisible presentar categóricamente el corte de programas específicos como propuesta efectivamente formulada por el candidato, «sin indicar fundamento concreto que sustente esa afirmación, especialmente ante la manifestación expresa de su candidatura en sentido contrario». El plan económico de Flávio Bolsonaro, detallado por Veja, contempla un «tesouraço» con la eliminación de al menos diez ministerios, revisión de la reforma tributaria y reformulación de las reglas fiscales, pero mantiene el compromiso de preservar los programas sociales existentes.
El segundo de los despachos de Mendonça alcanza una propaganda con el lema «Se Flávio vence, você perde». El vídeo sostenía que una victoria del senador implicaría la pérdida de medicamentos gratuitos, pensiones, salario mínimo y acceso a la vivienda propia, además de afirmar que las mujeres volverían a ser objetivo de violencia y que «la milicia tendría un amigo en el cargo más alto de la República». La orden de retirada se fijó en un plazo de tres horas.
El tercer despacho de Mendonça afecta publicaciones de los diputados André Janones y Lindbergh Farias, quienes atribuían a Flávio Bolsonaro propuestas como elevar la edad mínima de jubilación a 70 años, establecer una jornada de 12 horas diarias durante siete días por semana y privatizar Petrobras. Estas afirmaciones, según el ministro, presentaban las medidas como propuestas específicas del candidato e integrantes de su programa de gobierno, cuando los elementos disponibles en el proceso no respaldaban tales atribuciones. Se ordenó la retirada de cinco publicaciones en un plazo de tres horas, con multa de 10.000 reales por incumplimiento o republicación.
El argumento central: la certeza sin sustento
La fundamentación de ambos ministros converge en un mismo eje: las publicaciones presentaban como hechos consumados una serie de medidas que, a juicio de los magistrados, no encuentran respaldo suficiente en declaraciones, documentos o manifestaciones concretas de Flávio Bolsonaro. Mendonça calificó el tono de las piezas como un «escenario catastrófico de desamparo social» construido con «lenguaje de certeza» que excede los límites de la crítica política regularmente protegida.
El ministro precisó que no se exige demostración anticipada e incontrovertible de las consecuencias futuras de un gobierno, «lo que sería evidentemente imposible», sino que las afirmaciones categóricas sobre la supresión de derechos «encuentren correspondencia mínima en elementos concretos, y no resulten exclusivamente de conjeturas presentadas como certezas».
Libertad de expresión y sus límites
Ambos magistrados reconocieron que una parte del contenido estaba amparada por la libertad de expresión y la crítica política. Nunes Marques, por ejemplo, señaló que las referencias genéricas a derechos de las mujeres o política de armas podían considerarse dentro de ese marco protegido. Sin embargo, concluyeron que las afirmaciones específicas sobre cortes en programas concretos carecían de «sustento mínimo» en la realidad, ya fuera en el programa de gobierno de Flávio Bolsonaro o en declaraciones del candidato.
Para Mendonça, la intervención de la Justicia Electoral se justifica porque la propaganda «atribuye al adversario propuestas específicas que no encuentran respaldo en los elementos objetivos disponibles». El ministro destacó que el programa de gobierno de Flávio menciona específicamente la manutención de programas sociales, lo que contradice las afirmaciones difundidas por la campaña contraria.
Un contexto de creciente tensión
Las decisiones se producen en un contexto de creciente tensión entre la campaña de Lula y la de Flávio Bolsonaro, con múltiples frentes judiciales abiertos en el Tribunal Superior Electoral. La campaña del presidente había denunciado ante el TSE una presunta red de perfiles anónimos que, con uso de inteligencia artificial, amplificaban ataques contra Lula, según una acción presentada por la Federación Brasil de la Esperanza.
Ese recurso mencionaba 31 perfiles identificados, 1.464.245 seguidores sumados entre las cuentas de la red, 23.828 publicaciones en el conjunto monitoreado y 67 publicaciones en colaboración analizadas individualmente, con un universo potencial superior a 10 millones de seguidores. El PT sostenía que esa arquitectura generaba una «percepción de rechazo generalizado» que no correspondía a un fenómeno espontáneo del debate público, sino a una «operación deliberadamente construida».
Paralelamente, el TSE también había ordenado en junio la retirada de publicaciones que asociaban a Flávio Bolsonaro con la operación «Carne e Unha» de la Policía Federal y con el crimen organizado, en una decisión que alcanzó a la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, al diputado Guilherme Boulos y a otros políticos y perfiles en redes sociales. La ministra Estela Aranha, responsable de esa resolución, destacó que Flávio Bolsonaro no figuraba como investigado en esa operación y que el material construía «visualmente y discursivamente una supuesta “red” criminal», induciendo al electorado a una falsa percepción de involucramiento directo en prácticas ilícitas de extrema gravedad.
Próximos pasos procesales
Las decisiones firmadas por Nunes Marques y Mendonça son liminares, es decir, provisionales, y deberán ser sometidas a juicio por el pleno del Tribunal Superior Electoral para su ratificación definitiva. Todas las órdenes se extienden a reproducciones idénticas o sustancialmente equivalentes de los contenidos removidos, y contemplan multas para los casos de incumplimiento.
El debate sobre los límites de la crítica política y el papel de la Justicia Electoral en la fiscalización de la propaganda digital se intensifica a medida que se aproxima la contienda presidencial. Las decisiones de los ministros han sido interpretadas por algunos sectores como un riesgo para las publicaciones del campo progresista, mientras que otros las consideran una aplicación necesaria de las normas que prohíben la difusión de información sabidamente inverídica durante los procesos electorales.