La administración del presidente Donald Trump impuso este viernes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión que sitúa a Washington en una ruta de colisión diplomática con sus aliados europeos y que, según la propia corte, constituye un ataque directo al orden jurídico global. La medida se anunció horas después de que una exjueza del tribunal, la sudafricana Navi Pillay, recibiera el Premio Nobel de la Paz [citation:4].
El secretario de Estado, Marco Rubio, fue el encargado de formalizar la acción, que calificó como una respuesta necesaria frente a lo que describió como un organismo corrupto y politizado. En una declaración difundida a través de sus canales oficiales, Rubio afirmó: «El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses. Por eso, hoy, Estados Unidos está sancionando a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal corrupto, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar» [citation:4][citation:9].
La medida, que bloquea cualquier activo que la CPI pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y prohíbe a empresas y ciudadanos de ese país mantener relaciones comerciales con la corte, establece además un plazo de seis meses para que las compañías con vínculos con el organismo liquiden sus operaciones [citation:17]. El Departamento del Tesoro emitió de inmediato cuatro licencias generales que permiten transacciones limitadas relacionadas con telecomunicaciones, software, pagos de pensiones y asuntos vinculados a detenidos del tribunal [citation:4][citation:20].
«O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI. Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales forman parte de la corte y dependen del personal militar estadounidense para su defensa, frenen al tribunal».
— Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. [citation:4]La reacción desde La Haya no se hizo esperar. La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, condenó enérgicamente las sanciones y aseguró que no detendrán el trabajo del tribunal. «Las sanciones pretenden socavar el Estado de derecho a nivel internacional y la labor que realiza una institución judicial independiente», declaró a Reuters. «Nuestro trabajo continuará en todas nuestras situaciones, investigaciones y procesamientos» [citation:4][citation:9].
La CPI, con sede en La Haya, cuenta con 125 Estados miembros, entre ellos todos los países de la Unión Europea y todos los miembros de la OTAN excepto Estados Unidos y Turquía [citation:4]. Fundada en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, la corte ha sido un objetivo recurrente de la administración Trump, que ya había impuesto sanciones selectivas contra fiscales y jueces durante su primer mandato, medidas que fueron revocadas bajo la presidencia de Joe Biden [citation:4][citation:12].
Washington ha expresado su indignación por las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como por una investigación anterior sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que el tribunal describe como «despriorizada» [citation:4]. En su declaración, Rubio subrayó que las sanciones han sido estructuradas para dar a la corte y a sus Estados miembros la oportunidad de abordar las preocupaciones estadounidenses, y advirtió que si esos esfuerzos no fructifican, Washington ajustará su postura en consecuencia [citation:4][citation:20].
El texto completo de la declaración del secretario de Estado, en la que acusa a la CPI de haber «abusado maliciosamente de su autoridad», está disponible en el comunicado oficial del Departamento de Estado [citation:1]. Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) publicó los detalles técnicos de las sanciones y las licencias emitidas en su registro de acciones recientes [citation:4].
La decisión estadounidense coincide con un momento de especial tensión simbólica: el comité del Nobel justificó la distinción a Pillay como un «recordatorio» en un tiempo en que «los jueces y las instituciones del derecho internacional están bajo ataque político» [citation:4]. «Un sistema jurídico internacional en el que los criminales de guerra rindan cuentas y las víctimas de abusos vean cumplirse la justicia es una condición previa para un mundo en paz», añadió el comité [citation:9].
El tribunal, por su parte, ha estado preparándose durante meses para la posibilidad de sanciones contra la institución en su conjunto, migrando sus sistemas informáticos de software propietario a alternativas de código abierto y renegociando sus servicios bancarios y de seguros, según fuentes citadas por Reuters [citation:4]. El registrador de la CPI, Osvaldo Zavala Giler, había instado esta semana a la Unión Europea a preparar un mecanismo de bloqueo que proteja a los países europeos de los efectos extraterritoriales de las sanciones estadounidenses [citation:4].