Lo que ocurrió en el distrito madrileño de Retiro el pasado 23 de septiembre no fue un simple desahucio más. Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido siete décadas en el mismo piso, fue sacada en camilla mientras los vecinos coreaban su nombre. El fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversiones le dio menos de una hora para recoger sus pertenencias. La imagen de la anciana saliendo de su portal en una ambulancia, con cientos de personas gritando "Maricarmen, no estás sola", se convirtió en el detonante de una indignación que llevaba años acumulándose en silencio.
La respuesta social fue inmediata. En cuestión de días, una acampada en la Puerta del Sol creció hasta reunir a decenas de colectivos. Las tiendas de campaña se multiplicaron. Lo que empezó como una protesta local se transformó en un movimiento nacional que exige cambios estructurales en el mercado de la vivienda.
La crisis en cifras
Los números que maneja el Consejo General del Poder Judicial dibujan una realidad estremecedora. Durante los tres primeros meses de 2026 se ejecutaron 4.005 lanzamientos, una media de hasta 45 al día. La mayoría, 2.600 casos, se produjeron por impago del alquiler. Las ejecuciones hipotecarias sumaron 971. En el conjunto de 2025, los lanzamientos judiciales alcanzaron los 21.562, concentrados especialmente en Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid, que acumularon 13.756 casos, casi el 64% del total.
La vivienda ya no es solo un problema de acceso. Es un problema de concentración. Aproximadamente 180.000 alquileres están en manos de grandes tenedores, en su mayoría grupos inmobiliarios y financieros. Caixabank controla alrededor de 22.000 viviendas, mientras el fondo estadounidense Blackstone gestiona cerca de otras 20.000. El investigador del Barcelona Centre for International Affairs, Manuel Gabarre, señala que el mercado se ha concentrado progresivamente desde la crisis de 2008, cuando los bancos absorbieron cajas de ahorro y acumularon enormes carteras de inmuebles. Lo que era un mercado atomizado se convirtió en un oligopolio.
El Gobierno de Pedro Sánchez reaccionó aprobando de urgencia dos reales decretos. El primero ampliaba hasta 2030 la protección frente a desahucios, regulaba los alquileres de temporada y por habitaciones, prohibía la compra de vivienda por fondos buitre hasta 2028 y prorrogaba durante dos años los contratos vigentes que finalizaran antes del 31 de diciembre de 2028. El segundo incorporaba la renovación automática de los contratos de alquiler. Ambos textos buscaban responder a las demandas que las organizaciones de inquilinos llevaban meses exigiendo.
Pero el 2 de octubre, el Congreso tumbó las dos normas. El Partido Popular, Vox y Junts votaron en contra. La principal cayó por 178 votos frente a 172. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, no tardó en reaccionar: "Tenemos un Congreso totalmente secuestrado por el rentismo, con una derecha que sin ningún tipo de vergüenza vota arrodillada ante la especulación y los fondos buitre". Y añadió una crítica que resonó en las calles: "Llevamos demostrando en estos ocho días de poder popular que tenemos más fuerza que ocho años de Gobierno progresista".
"Llevamos demostrando en estos ocho días de poder popular que tenemos más fuerza que ocho años de Gobierno progresista y seguimos desde aquí hacia la huelga general."
— Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas
Al día siguiente, España se echó a la calle. Más de medio centenar de ciudades acogieron manifestaciones convocadas por los Sindicatos de Inquilinas. En Madrid, cuatro columnas partieron simultáneamente al mediodía desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad —Emilio Castelar, Atocha, Hospital de la Princesa y Plaza de España— para confluir en la Plaza de Cibeles. Las cifras, como suele ocurrir, variaron según quien las contara: la Delegación del Gobierno habló de 70.000 personas; los convocantes, de 500.000. Las pancartas rezaban: "Hacia la huelga general por la vivienda. Bajadas de alquileres al 50% y expropiación de fondos buitres YA".
En Valencia, la jornada terminó con enfrentamientos. Un grupo de manifestantes intentó acceder al Palau de les Arts, donde se celebraba el congreso inmobiliario Valencia Real Estate Summit 2026. La Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos y disparos de pelotas de goma. Hubo detenidos y agentes heridos. No fue el único incidente: en Barcelona, algunas personas derribaron vallas frente al Palacio de Congresos y lanzaron objetos contra los agentes, lo que se saldó con dos detenciones.
La reacción política no se hizo esperar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó al Gobierno de Sánchez del desahucio de Maricarmen. "Han tenido ocho años para modificar las leyes si no estaban de acuerdo con ellas. No han hecho nada", declaró. Además, advirtió que las protestas serían cada vez "más violentas" y acusó al Ejecutivo de promover un clima "irrespirable" que no favorece la inversión. Desde el PSOE, el portavoz en el Congreso, Patxi López, aseguró que el Gobierno intentó sin éxito comprar la vivienda y repartió responsabilidades entre el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Más a la izquierda, Ione Belarra, de Unidas Podemos, fue contundente: "No quiero vivir en un país en el que se desahucia a una señora de 87 años de la casa en la que ha vivido 70 y con una intervención policial totalmente desproporcionada".
"No quiero vivir en un país en el que se desahucia a una señora de 87 años de la casa en la que ha vivido 70 y con una intervención policial totalmente desproporcionada. ¿Por qué hay violencia policial contra las activistas? No entiendo ese despliegue policial, ha sido una violencia brutal."
— Ione Belarra, Unidas Podemos
Lo que comenzó como una tragedia individual se ha convertido en un terremoto político. La crisis de vivienda ha desplazado del debate público otros asuntos que hasta hace semanas dominaban la agenda: la crisis migratoria en Ceuta, los casos judiciales que salpicaban al PSOE, el desgaste del Gobierno de coalición. Las encuestas muestran un respaldo mayoritario a medidas de izquierda en materia de vivienda, y los socialistas son percibidos como el partido más preparado para gestionarla. Al mismo tiempo, la división entre los partidos a la izquierda del PSOE podría decidir escaños clave frente a un PP y Vox que lideran los sondeos.
Mientras tanto, la acampada en la Puerta del Sol sigue creciendo. Lo que empezó con 300 personas durmiendo al raso se ha multiplicado hasta superar las 350 tiendas de campaña y extenderse a calles cercanas. Gonzalo Álvarez, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, lo resume con una mezcla de cansancio y determinación: "Es durete, pero es que esto crece. Cada minuto, cada hora que pasa somos más tiendas, más personas, más ganas, más ilusión, más expectativas y más fuerzas para conseguir todo lo que nos propongamos".
La pregunta que planea sobre España no es si el movimiento por la vivienda va a continuar —eso parece claro—, sino hasta dónde está dispuesto a llegar. Desde el Sindicato de Inquilinas ya se habla abiertamente de una huelga general. Alicia del Río, otra de sus portavoces, lo dejó claro en Madrid: "Ya no hay vuelta atrás. No vamos a caer en la apatía, hemos aprendido que juntas podemos cambiar las cosas". La única opción viable, dice, es la huelga general, una herramienta que, según ella, es la única forma en la que "se han conquistado derechos en este país".
El caso de Maricarmen Abascal ha hecho algo que parecía imposible: unir a generaciones, a barrios, a personas que habían dejado de creer que su voz importaba. La anciana que fue sacada en camilla de su casa de siete décadas se ha convertido, sin buscarlo, en el rostro de una crisis que afecta a millones. España ha despertado. Y no parece dispuesta a volver a dormirse.