Ceuta tras la avalancha: la pelea política avanza y las víctimas quedan fuera de foco

Un mes y medio después de la tragedia de Ceuta, el episodio sigue creciendo como conflicto político, judicial y mediático, mientras las personas que estuvieron en el centro de la crisis van desapareciendo del relato. Primero fueron presentadas como invasores, cifras o instrumentos de presión; después llegaron la discusión sobre los avisos de inteligencia, la desclasificación de documentos, la Audiencia Nacional, las acusaciones de traición y el papel de Marruecos.

Cada actor ha encontrado una lectura que encaja con su propia agenda. Sin embargo, el hecho básico permanece: más de un centenar de personas murieron intentando atravesar la frontera y, después de la entrada masiva, miles pasaron días en la ciudad sin una respuesta institucional suficiente en alojamiento, alimentación y asistencia.

Los avisos existieron, aunque no anticiparon la dimensión final

La publicación de documentación oficial no cerró la controversia. Los papeles hechos públicos por el Gobierno muestran que el CNI comunicó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta que circulaba una convocatoria para entrar al día siguiente por valla y mar. También trasladó información a la Guardia Civil y a los servicios de inteligencia marroquíes. Lo que esos avisos no permitieron prever fue la magnitud que alcanzaría la entrada.

El Ejecutivo ha centrado parte de su defensa en esa escala: nadie había anticipado una llegada de más de 70.000 personas. Esa explicación puede servir para discutir la capacidad de reacción previa y las primeras horas del 30 de julio, pero deja abierta la cuestión de lo sucedido después.

El propio Gobierno sostuvo que entre el 90 % y el 95 % regresó a Marruecos en 24 o 48 horas. Y el 3 de agosto, el Ejecutivo ceutí estimaba entre 3.000 y 5.000 las personas que permanecían. A partir de ese momento ya no se trataba de una multitud imposible de absorber, sino de varios miles de personas para las que podía organizarse una respuesta extraordinaria.

Aun así, hubo personas que siguieron sin comer, durmiendo en calles, montes y playas. Parte de la ayuda básica llegó desde los barrios, donde vecinos repartieron agua y comida. Esa demora afecta no solo a necesidades inmediatas, sino también a identificación, asistencia jurídica, solicitudes de protección internacional, menores no acompañados y personas especialmente vulnerables.

Al mismo tiempo, voces de extrema derecha e influencers contribuyeron a un clima de miedo y hostilidad en redes, acompañado después por episodios de violencia racista y tensión social. Las protestas del 2 de septiembre en Madrid terminaron con enfrentamientos, cánticos racistas y agresiones a periodistas.

La crisis entra en los tribunales y en la batalla partidista

La causa judicial tampoco puede separarse del contexto político. La jueza María Tardón ha asumido la investigación en la Audiencia Nacional al apreciar posibles delitos relacionados con la integridad territorial, los derechos de ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y organización criminal. En el procedimiento figuran como acusaciones populares Iustitia Europa, PP, Vox y Hazte Oír, según la información publicada sobre el auto judicial.

La investigación se apoya, entre otros elementos, en un informe policial que describe la entrada como planificada y señala la participación de agentes marroquíes, sin identificar a los responsables últimos. La Audiencia Nacional abrió formalmente la investigación penal mientras el caso pasaba a ocupar un lugar central en la confrontación entre Gobierno y oposición.

Ese cruce quedó visible el 2 de septiembre: las concentraciones anunciadas como actos de apoyo a Ceuta fueron utilizadas también para responsabilizar al Ejecutivo y a Marruecos. En Madrid participaron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, mientras se escuchaban acusaciones de traición y profesionales de medios públicos sufrieron acoso y agresiones.

Más fondos, más tecnología y la misma frontera

La respuesta europea avanza en otra dirección: reforzar la capacidad de acogida, pero también la vigilancia y el control. La Comisión Europea concedió a España 114,7 millones de euros, divididos en 82,7 millones del Fondo de Asilo, Migración e Integración y 32 millones del Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados.

Esos recursos contemplan capacidad de acogida y apoyo a menores, pero también cámaras térmicas, sistemas de vigilancia, boyas, drones submarinos, retornos y una mayor participación de agencias europeas. El mensaje que deja esa combinación es conocido: ante una crisis que se produce dentro del modelo de externalización del control migratorio, la respuesta institucional vuelve a apoyarse en reforzar la infraestructura fronteriza.

Ese modelo contiene una contradicción difícil de evitar. Entregar a un tercer Estado una parte decisiva del control migratorio crea dependencia; cuando esa relación se convierte en capacidad de presión, la estabilidad deja de estar garantizada. Ningún sistema de vigilancia resuelve por sí mismo las guerras, la pobreza o las desigualdades que empujan a personas jóvenes a arriesgar la vida.

De la tragedia al negocio del rearme

La discusión fronteriza convive, además, con un ecosistema político y mediático que convierte la crisis en argumento para hablar de fuerza militar. El 31 de agosto, el Observatorio de la Defensa de El Español, identificado por el propio medio como contenido patrocinado, publicó un artículo titulado Así ganaría España una guerra con Rabat por Ceuta. El texto reconocía que una invasión militar marroquí era extremadamente improbable, pero desarrollaba un extenso inventario de capacidades españolas.

En paralelo, el rearme ya mueve cifras de otra escala. Los contratos de artillería adjudicados a la UTE de Indra y EM&E alcanzan 7.240 millones de euros, con 3.000 millones en préstamos públicos de prefinanciación. Y el Consejo de Ministros del 1 de septiembre autorizó una transferencia de 1.483 millones para actuaciones del Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.

En ese punto convergen relatos distintos: unos convierten a los migrantes en enemigos; otros defienden una gestión que dejó carencias evidentes; la Unión Europea responde con más frontera; la oposición endurece su discurso; el Gobierno refuerza la seguridad; y la industria militar encuentra nuevos espacios para justificar inversión.

Lo que sigue fuera de plano

La tesis de fondo es que la tecnología fronteriza puede controlar movimientos, pero no elimina las causas estructurales que los producen. Si el centro económico intenta blindarse frente a las consecuencias de un mundo desigual mientras continúan guerras, expolios y relaciones de dependencia, crisis como la de Ceuta reaparecerán allí o en otra frontera.

Para radares, vigilancia, armamento y contratistas sí aparecen recursos. En Ceuta, cuando ya quedaban solo unos miles de personas, lo que seguía faltando era algo mucho más básico: camas, comida, funcionarios, asistencia jurídica y una administración capaz de tratar a quienes permanecían allí como personas antes que como símbolos de una batalla política.

Ese contraste resume la crisis mejor que cualquier disputa institucional: mientras desde Madrid se discutía quién debía asumir el coste político y algunos medios imaginaban escenarios de guerra con Marruecos, en los barrios de Ceuta había vecinos llevando alimentos a quienes tenían hambre. The show must go on. El espectáculo continúa; las víctimas, en cambio, corren el riesgo de quedar fuera del escenario.