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Torres de bombeo de petróleo en un paisaje al atardecer

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Argentina llevará ante la Justicia a cinco empresas por actividades petroleras en las Malvinas

La medida alcanza a compañías relacionadas con proyectos de hidrocarburos en torno al archipiélago y amplía las acciones anunciadas por el Gobierno argentino.

Actualidad

El Gobierno argentino anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en torno a las islas Malvinas. Según el Ejecutivo, las compañías operan sin autorización de las autoridades nacionales. La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, de acuerdo con el comunicado oficial.

La acción abarcará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

“todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados”

Alcance indicado por el Ejecutivo argentino

La denuncia también comprenderá a quienes hayan intervenido en las actividades investigadas. El Gobierno sostiene que Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic y JHI Associates cuentan presuntamente con autorizaciones concedidas por el Reino Unido para explorar o explotar hidrocarburos en la zona. Buenos Aires afirma que esas operaciones contravienen la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

Datos clave del caso

5empresas alcanzadas por la denuncia penal
45personas y empresas incluidas en procedimientos sancionatorios
220kilómetros al norte de las islasUbicación aproximada del proyecto Sea Lion
2028año previsto para el inicio de la producción

Una ofensiva legal más amplia

La decisión profundiza las medidas anunciadas días antes. La Cancillería había iniciado procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas presuntamente relacionadas, de manera directa o indirecta, con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Malvinas. Las actuaciones incluyen no solo a compañías con operaciones en el área, sino también a accionistas y proveedores de servicios.

Sea Lion, en el centro de la disputa

El endurecimiento de las acciones argentinas se produce mientras avanza Sea Lion, el proyecto encabezado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration para extraer petróleo a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Las compañías adoptaron a finales de 2025 la decisión final de inversión y prevén iniciar la producción en 2028.

Argentina rechazó oficialmente ese avance al considerar que las empresas no cuentan con autorización nacional para explotar los recursos del área en disputa.

El presidente Javier Milei había anunciado una serie de medidas para intentar frenar esas operaciones. Entre ellas figura el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado a reforzar las sanciones y ampliar su alcance a empresas que presten servicios a las explotaciones. En el anuncio oficial, el mandatario calificó el avance de Sea Lion como un peligro “concreto y urgente” para los intereses argentinos.

Al día siguiente, Quirno advirtió que las compañías relacionadas con el proyecto —incluidos proveedores de servicios financieros, logísticos, aseguradores y energéticos— tendrán que elegir entre participar en operaciones en las Malvinas o conservar negocios en Argentina. La advertencia adquiere relevancia por el desarrollo de Vaca Muerta, una de las principales formaciones de hidrocarburos no convencionales del mundo y receptora de importantes inversiones internacionales.

El reclamo en el plano internacional

Las nuevas acciones coinciden con los esfuerzos de Milei por reforzar internacionalmente el reclamo argentino sobre el archipiélago. La semana anterior, el presidente destacó que Donald Trump había dicho que revisa la posición de Washington sobre la disputa y vinculó esa posibilidad con su alianza con Estados Unidos.

El Reino Unido, por su parte, reiteró que su postura respecto de las islas no ha cambiado y mantiene su defensa del derecho de los habitantes del territorio a desarrollar sus recursos naturales, una posición expresada también por el Gobierno británico en sus declaraciones oficiales.