El tono beligerante de las palabras pronunciadas durante la investidura, sumado a las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo, multiplicó las dudas sobre el futuro cercano de Colombia, especialmente en sus zonas periféricas. Lo que ya se perfilaba como una transición política altamente tensa recibió además el impacto de un factor imposible de prever: un terremoto de magnitud 7,4.
El discurso de posesión del presidente Abelardo de La Espriella y sus primeros movimientos anticipan un período de fuerte conflictividad. El sismo golpeó con especial dureza a áreas históricamente vulnerables y desatendidas, además de ciudades como Cali y Pereira. La emergencia y la instalación del nuevo mandato avanzaron al mismo tiempo, convirtiéndose en aceleradores de una incertidumbre social, política y militar.
En vez de disminuir las tensiones en medio de la tragedia y propiciar algún tipo de consenso nacional e internacional, los anuncios iniciales del Gobierno han reforzado la posibilidad de nuevas confrontaciones.
De la «paz total» a una doctrina de aniquilación
La distancia respecto de la administración anterior es marcada. La política impulsada por Gustavo Petro giró alrededor de la «paz total», con la intención de reducir las acciones armadas y estimular negociaciones con distintos actores al margen de la ley. La línea asumida por De La Espriella, en cambio, rompe frontalmente con ese enfoque y sitúa como objetivo explícito la derrota militar de las organizaciones irregulares asentadas desde hace décadas en zonas profundas del país.
Aunque la estrategia de pacificación de Petro quedó incompleta, debilitada y además fue saboteada por grupos guerrilleros, la nueva orientación oficial, centrada en el aplastamiento operativo sin una salida negociada, ha funcionado como detonante para que las estructuras armadas activen sus capacidades de respuesta. En el departamento del Huila, por ejemplo, dos militares fueron asesinados y diez soldados resultaron heridos.
La historia militar reciente de Colombia muestra resultados distintos. El Gobierno conservador de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, consiguió neutralizar a mandos importantes de las insurgencias. Más tarde, la administración de Juan Manuel Santos logró la desmovilización de unas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que para entonces ya atravesaban un claro debilitamiento.
Sin embargo, ningún Gobierno, incluida la gestión de Petro, consiguió cerrar de manera integral el conflicto. De La Espriella dispone ahora de un elemento diferencial: nuevas tecnologías desarrolladas por sus aliados y ensayadas previamente en otros escenarios.
Ese componente tecnomilitar aparece estrechamente vinculado a la gestión de la emergencia sísmica. Con el argumento de organizar la atención posterior al terremoto, el presidente resolvió autorizar la entrada únicamente de cuatro países políticamente alineados con su proyecto para participar en tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.
A esa restricción se sumó otra decisión de especial gravedad institucional: permitir el despliegue del Ejército de Estados Unidos dentro del territorio nacional. La medida todavía no cuenta con el aval explícito del Congreso, por lo que el texto sostiene que entra en contradicción con el ordenamiento constitucional colombiano.
La dimensión geopolítica
El cambio de rumbo en la seguridad interna no está aislado del contexto exterior. Cuando apenas comenzaba la evaluación de los daños causados por el terremoto, el mandatario colombiano realizó dos anuncios de enorme alcance internacional: proclamó a Jerusalén como capital de Israel y reconoció expresamente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.
Según el análisis, estas decisiones van más allá de un gesto ideológico o simbólico. Apuntan a estructurar una alianza estratégica profunda con Israel y a traducirla rápidamente al terreno táctico.
El propósito de ese alineamiento sería aprovechar capacidades tecnomilitares israelíes en inteligencia, rastreo y armamento de alta precisión para debilitar de forma progresiva a los grupos irregulares. Así, la política contrainsurgente colombiana adquiriría una dimensión internacional y se apoyaría en modelos de guerra de alta tecnología.
Por ahora, la lógica del conflicto se mantiene en términos similares a los de los últimos años, aunque con un cambio que podría hacerse más visible hacia adelante. La reanudación de los enfrentamientos ya ha dejado militares muertos y heridos, además de un impacto directo sobre la población civil atrapada entre las hostilidades.
Frente a las operaciones estatales, los grupos irregulares han respondido con formas de violencia asimétrica que incluyen explosiones de bombonas de gas cilíndrico, amenazas directas y un clima general de zozobra. No se trata de una guerra abierta capaz de alterar de inmediato la vida cotidiana de las grandes capitales, sino de la reactivación de un conflicto de baja intensidad, subterráneo y concentrado en territorios periféricos.
En otros períodos, la guerra de guerrillas impidió a las fuerzas estatales controlar plenamente el territorio nacional. Las primeras bajas militares registradas en estos días muestran, según el autor, un despliegue en el que los soldados siguen expuestos a una elevada vulnerabilidad. Con el respaldo de los nuevos aliados del Gobierno, la historia podría cambiar; lo que todavía no puede saberse es a qué costo.