Dos empleados del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs Group Inc. están siendo investigados por la policía brasileña ante sospechas de estelionato —una modalidad de fraude— vinculadas con la titularidad de una participación en Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos SA, una compañía dedicada a la atención del cáncer.
De acuerdo con Bloomberg Línea, la investigación busca determinar si la entidad presentó información falsa sobre la estructura accionaria de Oncoclínicas con el objetivo final de eludir las normas legales vigentes en Brasil.
Los investigados son Felipe Guerra Acosta, superintendente ejecutivo de inversiones del banco estadounidense, y Natan Lima Reinig, exintegrante del Consejo de Administración de Oncoclínicas nombrado por Goldman. Según reveló el comisario José Eduardo Jorge, ambos habrían tenido una “participación consciente” en una maniobra destinada a inducir a error a la propia red de tratamiento oncológico, al regulador brasileño del mercado de valores y a la Bolsa.
Las claves de la investigación
O Globo señala que la sospecha policial gira alrededor de un cambio en la versión sobre quién era el dueño de una participación relevante en Oncoclínicas. La maniobra habría permitido evitar la obligación de realizar una oferta pública de adquisición (OPA).
Así, el control accionarial habría podido mantenerse sin efectuar el desembolso que la operación habría requerido, mientras los accionistas minoritarios resultaban perjudicados.
Goldman Sachs, sin embargo, niega haber cometido irregularidades. La frase anterior fue atribuida a un portavoz del banco en un comunicado citado por Bloomberg.
La clínica ya estaba rodeada de controversias. Desde el mes pasado se encuentra inmersa en una reestructuración extrajudicial y, con anterioridad, habían salido a la luz sus vínculos con Banco Master, una entidad crediticia en quiebra cuya caída alcanzó a las más altas esferas del poder en Brasil.
¿Qué puede ocurrir ahora?
La prensa brasileña subraya que la imputación supone un problema para Goldman Sachs, ya que la Ley de Sociedades Anónimas exige una reputación intachable a los integrantes de los consejos de administración. Una investigación de este nivel, por sí sola, ya activa las alertas.
Aunque todavía no existe una decisión definitiva y el proceso judicial apenas comienza, la normativa establece que la existencia de un proceso penal o de una investigación policial debe ser considerada al evaluar la permanencia de una persona en el cargo.
Por ahora, según Metrópoles, Guerra declaró que nunca tuvo acceso a documentos capaces de demostrar desde cuándo el fondo estadounidense era inversor de Oncoclínicas. Lima, por su parte, justificó su actuación afirmando que se limitaba a firmar documentos que habían sido revisados previamente por el departamento jurídico.
La investigación está en curso y no existe una resolución definitiva.