Un país no debería verse obligado a escoger entre cumplir con sus pagos de deuda y sostener la educación y la formación de su población. Sin embargo, esa disyuntiva ya condiciona a gran parte de las economías de ingresos bajos y medios, incluidas las de América Latina y el Caribe. La crisis global de endeudamiento, el impacto económico de la pandemia de covid-19 y las emergencias climáticas han estrechado el espacio disponible para financiar los sistemas educativos.
Un reciente informe de la Unesco resume el problema con una advertencia directa:
“el servicio de la deuda está desplazando cada vez más la inversión en los sistemas de educación y formación, socavando el crecimiento a largo plazo, la resiliencia y la movilización de los ingresos nacionales”.
Las consecuencias se encadenan. Una fuerza laboral con menor capacitación favorece la expansión del empleo precario, frena la movilidad social, reduce la productividad y acumula atrasos en sectores críticos donde el conocimiento especializado resulta cada vez más decisivo.
La agencia señala que, en 113 países del Sur Global habitados por unas 6.100 millones de personas, los recursos públicos dedicados a pagar obligaciones de deuda son superiores a los destinados a la educación pública. Desde 2017, por cada dólar dirigido al servicio de la deuda, la aportación educativa cae en términos reales una media de 0,28 dólares.
El último reporte sobre deuda del Banco Mundial sitúa la deuda total de América Latina y el Caribe en 2.000 billones de dólares. Esa cifra equivale al 128 % de las exportaciones y al 34 % del ingreso nacional bruto. El volumen es casi dos veces mayor que en 2010 y continúa aumentando.
El coste que no siempre se ve
El problema no se limita al tamaño de las cifras, sino a las obligaciones asociadas a su pago. A diferencia de otras partidas presupuestarias, los gobiernos disponen de un margen muy reducido para alterar el servicio de la deuda y afrontan fuertes sanciones si incumplen. De ahí que estos pagos absorban una proporción importante de los ingresos nacionales, incluso cuando la recaudación es limitada.
Además, al aprobarse un financiamiento, la sostenibilidad suele medirse casi exclusivamente según la capacidad de reembolso. Aunque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial defienden en sus planteamientos un mínimo de “gasto social” como condición para respaldar paquetes económicos, esos mecanismos no garantizan una protección efectiva. Cuando los recursos escasean y aumenta la presión fiscal, la inversión social suele ser una de las primeras áreas afectadas.
La Unesco subraya que el deterioro no siempre adopta la forma de un recorte explícito. Basta con mantener congeladas las asignaciones para que, en términos reales, la inversión pública se reduzca.
Los sistemas educativos de América Latina muestran con claridad ese proceso: salarios docentes inmóviles durante años, menos dinero para conservar instalaciones, escasez de material didáctico y una menor inversión por estudiante.
“con el tiempo, estas restricciones fiscales se traducen en peores resultados educativos y una mayor desigualdad, al mismo tiempo que debilitan la resiliencia del sistema ante las crisis, con efectos desproporcionados en las niñas, las poblaciones rurales y los hogares de ingresos bajos”.
Cuando a esta dinámica se suman la inflación y los cambios demográficos, se profundizan otras brechas sistémicas y cae la calidad de la educación pública.
“sin medidas contundentes para reducir la carga del servicio de la deuda y proteger la financiación de la educación, es probable que la dinámica actual de la deuda perpetúe un ciclo de falta de inversión, desigualdad y estancamiento del desarrollo”.
Qué medidas plantea la Unesco
Las respuestas habituales resultan insuficientes frente al reto de sostener sistemas educativos de calidad en América Latina y en otras regiones del Sur Global. Los gobiernos ocupan el primer lugar entre quienes deben actuar, incluso dentro de los límites impuestos por el endeudamiento.
La Unesco propone incorporar de manera explícita la financiación educativa a las estrategias fiscales y de gestión de la deuda, porque esa inclusión:
“contribuiría a garantizar que la sostenibilidad de la deuda se evalúe no solo en función de la capacidad de reembolso, sino también de las prioridades de desarrollo”.
La organización también plantea blindar la inversión educativa y reducir el peso de la deuda —en especial la interna— sobre los presupuestos destinados a enseñanza.
A las instituciones financieras internacionales les correspondería integrar indicadores educativos relevantes en sus evaluaciones de sostenibilidad y reforzar las medidas que protegen los fondos públicos para educación, tanto a corto como a largo plazo.
Los acreedores bilaterales y privados, por su parte, deberían:
“apoyar medidas de tratamiento de la deuda que generen reducciones duraderas del servicio de la deuda, en lugar de reajustes temporales que limiten el espacio fiscal”.
La recomendación final es que las instituciones multilaterales, los foros globales y las organizaciones donantes respalden con mayor decisión mecanismos de alivio de deuda vinculados a una financiación educativa más amplia. La educación debe considerarse un elemento determinante para el desarrollo de los países.