El día que cambió la narrativa
El 24 de febrero de 1996, cazas de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas en el estrecho de Florida. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Desde Washington se consolidó una versión centrada en la idea de civiles inocentes que participaban en una operación de ayuda. Sin embargo, la controversia no comenzó ese día ni se limita al desenlace.
La organización Hermanos al Rescate había nacido en Miami en 1991 bajo el liderazgo de José Basulto. Su imagen pública fue asociada al rescate de migrantes cubanos en el mar, pero las autoridades cubanas han sostenido que detrás de esa fachada existía una trayectoria de acciones paramilitares y de operaciones dirigidas contra la isla.
Basulto, del exilio armado a los vuelos sobre Cuba
Basulto figura en el relato cubano como participante de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y como actor de operaciones encubiertas contra la Revolución. También se le atribuye haber actuado en 1962 como artillero en una lancha que disparó contra el Teatro Blanquita —actual Teatro Karl Marx— y el hotel Sierra Maestra, ambos en La Habana.
En los años ochenta, según esa misma reconstrucción, se integró a la Junta Patriótica Cubana, una coalición vinculada al reclutamiento de paramilitares. Más tarde, en 1993, habría planeado atacar una torre de alta tensión en San Nicolás de Bari, y en 1994 entrenó a un miembro de Militares y Profesionales por la Democracia para sabotear la Refinería de Cienfuegos.
En 1995, el FBI conoció un intento de introducir armas y explosivos en Cuba desde Miami y comunicó la información al Departamento de Aduanas para vigilar esos movimientos.
Incursiones, propaganda y televisión en vivo
Desde 1994, Hermanos al Rescate empezó a penetrar el espacio cubano para acciones subversivas, entre ellas el lanzamiento de panfletos y propaganda antigubernamental sobre La Habana. En enero de 1996, un equipo de NBC fue introducido en Cuba para transmitir en directo los sobrevuelos de esas aeronaves sobre la capital.
La Habana no consideraba esos vuelos como gestos simbólicos, sino como violaciones reiteradas de su soberanía. Por eso remitió 25 notas diplomáticas a la Administración de Bill Clinton para exigir que se retiraran las licencias de los pilotos implicados y que se frenaran las incursiones.
“Nuestro Gobierno reclamó, además, al Gobierno de EE.UU. que le retirara las licencias de vuelo [a los pilotos que volaban ilegalmente sobre Cuba]”.
La frase fue recordada por el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío en una entrevista con el programa Mesa Redonda. Según su relato, incluso cuando a Basulto se le retiró la licencia, continuó volando con conocimiento de las autoridades estadounidenses.
Advertencias antes del derribo
Ante la continuidad de las incursiones, el Gobierno cubano divulgó una advertencia: toda aeronave que ingresara sin autorización en su espacio aéreo podía ser interceptada y neutralizada. Washington recibió el mensaje, abrió una investigación y pidió detalles sobre incidentes previos.
El 24 de febrero de 1996, esas gestiones aún no habían concluido. Pero documentos desclasificados, divulgados por medios cubanos, sostienen que la Administración Clinton sabía de los movimientos de Basulto y estimaba muy probable que Cuba respondiera derribando aeronaves consideradas hostiles. Aun así, no se adoptaron medidas efectivas para impedir el vuelo.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó en mayo que Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas violaciones de su espacio aéreo y después de alertas que, según La Habana, fueron desatendidas.
De la tragedia a la Ley Helms-Burton
El episodio tuvo una consecuencia política inmediata. El 12 de marzo de 1996, apenas 16 días después del derribo, Bill Clinton firmó la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida como Ley Helms-Burton.
Esa norma limitó la capacidad del Ejecutivo estadounidense para levantar unilateralmente el bloqueo contra Cuba y amplió el alcance extraterritorial de las sanciones, con efectos y amenazas sobre terceros países que mantuvieran vínculos comerciales con la isla.
La línea de presión no desapareció. En enero de 2026, Donald Trump volvió a designar a Cuba como una supuesta amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y reforzó medidas coercitivas orientadas a cercar económicamente a La Habana.
El caso contra Raúl Castro
En mayo de 2026, Washington reactivó judicialmente el caso del derribo. El Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra Raúl Castro y otras cinco personas. Les atribuyó una conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
Las autoridades cubanas rechazaron la imputación y la calificaron como una maniobra política sin base jurídica. Para La Habana, el objetivo de esa acción no es esclarecer el pasado, sino construir un argumento que justifique una escalada contra Cuba.
El uso del caso también se inscribe en una estrategia más amplia de presión sobre América Latina. La Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU., publicada en diciembre de 2025, plantea la defensa de la hegemonía estadounidense mediante instrumentos políticos, jurídicos y militares.
Una historia aún abierta
Tres décadas después, el derribo de las avionetas sigue siendo un punto de disputa entre dos relatos. Uno presenta a Hermanos al Rescate como una organización humanitaria castigada por Cuba. El otro subraya sus vínculos paramilitares, las incursiones ilegales y la responsabilidad de Washington por no impedir vuelos que conocía y que habían sido advertidos con insistencia.
Lo que revelan los documentos y testimonios citados por La Habana es que el episodio no puede entenderse como un accidente aislado. Fue el cierre violento de una secuencia de provocaciones, omisiones diplomáticas y decisiones políticas que luego sirvieron para endurecer el bloqueo y reactivar, años después, nuevas acusaciones contra dirigentes cubanos.