El 13 de septiembre de 1987, Roberto dos Santos Alves, de 22 años, y Wagner Mota Pereira, de 19, entraron en un hospital abandonado de Goiânia, en Brasil, con una idea simple: rescatar piezas que pudieran venderse como chatarra. No sabían leer con soltura y no tenían forma de reconocer el peligro encerrado en una vieja unidad de radioterapia que llevaba dos años olvidada.
Dentro del aparato encontraron una cápsula metálica con un material que brillaba en la oscuridad. Aquel resplandor azul parecía extraño, casi valioso. En realidad era cloruro de cesio-137, una sustancia radiactiva que, al quedar expuesta, podía contaminar personas, casas, objetos y calles enteras.
De un equipo médico a una red de contaminación
Los dos chatarreros trasladaron la máquina en una carretilla y la desarmaron con herramientas comunes. Cinco días más tarde vendieron piezas a Devair Alves Ferreira, dueño de una chatarrería cercana. El brillo del polvo lo impresionó tanto que durante varios días invitó a familiares, vecinos y conocidos a verlo.
La cápsula fue manipulada como una curiosidad. Algunas personas tocaron el polvo, otras lo aplicaron sobre la piel. Ivo, hermano de Ferreira, llevó un fragmento a su casa. Allí, Leide das Neves Ferreira, su hija de seis años, terminó llevándose parte del material a la boca.
La fuente contenía 93 gramos de cloruro de cesio-137, con una vida media de 30 años. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, cuando fue sustraída tenía 50,9 terabecquerelios de radiactividad, suficiente para contaminar una ciudad.
Cuando los síntomas no tenían explicación
Los primeros afectados comenzaron a sufrir vómitos, diarrea, fiebre y caída del cabello. Al principio, los médicos no entendían por qué tantas personas de un mismo entorno enfermaban de manera parecida.
La clave llegó cuando María Gabriela Ferreira, esposa de Devair, decidió colocar la cápsula dentro de una bolsa de plástico y llevarla en autobús hasta la sede de Vigilancia Sanitaria. Allí tampoco identificaron de inmediato el objeto. Un médico lo dejó sobre una silla mientras esperaba a un especialista.
El físico Walter Mendes Ferreira acudió al día siguiente, 29 de septiembre, con un detector de radiación prestado. El aparato se saturó cuando aún estaba a unos 80 metros del edificio. La oficina fue desalojada y las autoridades rastrearon el origen hasta la chatarrería.
El estadio convertido en centro de control
Para entonces habían pasado dos semanas desde los primeros contactos con el material. La respuesta fue enorme: el estadio olímpico de Goiânia se transformó en punto de evaluación radiológica. Allí se examinó a la población y se identificó a quienes necesitaban atención urgente.
Los datos recogidos tras el accidente indican que 112.800 personas fueron sometidas a chequeos médicos. De ellas, 249 resultaron contaminadas y 49 requirieron hospitalización inmediata. En paralelo, decenas de viviendas fueron demolidas y numerosos objetos contaminados quedaron clasificados como residuos nucleares. La limpieza produjo 3.000 metros cúbicos de desechos radiactivos.
Las víctimas y el miedo que siguió al entierro
Leide murió el 23 de octubre de 1987, después de semanas de agonía. Ese mismo día falleció María Gabriela, la mujer que había llevado la cápsula a las autoridades. Otras dos personas, empleadas de la chatarrería, también perdieron la vida.
El temor no terminó con las muertes. Durante el sepelio, una multitud intentó impedir que Leide y María Gabriela fueran enterradas por miedo a que contaminaran el cementerio. Sus ataúdes eran de plomo y pesaban 600 kilos, según informó El País en una nota publicada entonces. La incineración fue descartada porque el calor podía vaporizar el material radiactivo.
El estigma alcanzó a la ciudad: incluso se intentó bloquear la venta de productos agrícolas procedentes de Goiânia. Los chatarreros que abrieron la cápsula y el comprador de la pieza sobrevivieron, pero muchos afectados denunciaron décadas después discriminación social y laboral por haber estado expuestos.
Un abandono que terminó en condenas
La tragedia no nació solo de la curiosidad ante un polvo brillante. El Instituto Goiano de Radioterapia había dejado la clínica en 1985 y no retiró ni señalizó la unidad con cesio-137. Durante un litigio judicial por el inmueble, en 1986, el tribunal de Goiás fue informado de la existencia del material abandonado. Meses antes del robo, la policía también recibió una advertencia para impedir que uno de los dueños retirara objetos del lugar. Nada de eso evitó el accidente.
En 1992, cuatro responsables del Instituto Goiano de Radioterapia fueron condenados por homicidio culposo a tres años de detención, pena sustituida por servicios comunitarios, según el Ministerio Público Federal de Brasil. Un quinto acusado, propietario del inmueble, recibió en 1995 una condena de un año y dos meses de prisión. En 1996, el Supremo Tribunal Federal confirmó la sustitución de las penas de cárcel por medidas alternativas.