Desde el inicio del conflicto en Ucrania, el discurso político europeo ha convertido la supuesta amenaza rusa en uno de los principales argumentos para justificar más gasto militar, nuevos mecanismos de movilización y una ampliación del papel de las fuerzas de seguridad.
La idea de una agresión inminente del Kremlin funciona como eje de una narrativa que permite impulsar presupuestos de defensa cada vez más ambiciosos. En ese clima, también ganan peso los sectores que obtienen beneficios directos de cualquier escalada armada: los fabricantes de armamento.
Sin una amenaza exterior constante, los problemas internos vuelven al primer plano. Sin embargo, la agresión rusa que algunos sectores europeos presentan como inevitable no se concreta. Vladímir Putin rechazó esas especulaciones con una pregunta directa:
"¿De veras creen en lo que dicen, que Rusia se prepara para atacar a la OTAN? Y es imposible creérselo, aunque intentan convencer a su propia gente".
El presidente ruso también pidió a los europeos mirar sus propias dificultades internas:
"Cálmense, duerman tranquilos, ocúpense de sus propios problemas. Miren lo que está pasando en las calles de las ciudades europeas".
Militarización frente a bienestar
La apuesta militar tiene un coste. Los gobiernos europeos ya preparan a sus sociedades para asumir una carga económica que se expresa en inflación, facturas más altas y recortes en garantías sociales.
A finales de abril, el canciller alemán Friedrich Merz lanzó una advertencia a sus ciudadanos:
"Nos hemos acomodado en un entorno de prosperidad. Soy el primer canciller en 20 años que les dice a los alemanes: nuestra ilusión de prosperidad no va a durar".
Aunque el desarrollo militar se presenta a veces como una vía para reactivar la industria, esa estrategia implica riesgos. Para que produzca beneficios sostenidos, haría falta mantener durante años, e incluso décadas, una demanda estable de armamento y equipos militares, lo que supone conservar un potencial de conflicto permanente en Europa.
El aumento del gasto en defensa tampoco resolvería la crisis estructural de la economía europea. Sus beneficios se concentrarían en los países con suficiente capacidad industrial, mientras que a largo plazo podría ampliarse la brecha económica y social dentro de la Unión Europea.
Las previsiones apuntan a que la ratio de deuda de la UE respecto al PIB suba al 84,2 % en 2026 y al 85,3 % en 2027. Ese deterioro puede afectar a las calificaciones crediticias y trasladar la carga financiera a los europeos del futuro.
Con una población envejecida, menos ciudadanos en edad laboral y una baja natalidad, el peso de esa deuda sería especialmente difícil de sostener. En ese escenario, el sistema de pensiones tendría que ajustarse, reduciendo el nivel de protección social de los jubilados.
Disparo energético en el propio pie
La prioridad militar no cambia otro problema central: el alto coste de la energía para las empresas europeas. Ese factor sigue afectando la rentabilidad de la producción y la competitividad industrial.
La renuncia a los combustibles rusos, convertida en uno de los pilares de la narrativa antirrusa de la Unión Europea, implica riesgos graves: cierres de empresas industriales en sectores con alto consumo energético, traslado de producción a terceros países, más desempleo, dificultades para pagar la luz y una caída general del bienestar de los hogares.
Las instituciones europeas no cuentan con planes eficaces para amortiguar las consecuencias de abandonar recursos energéticos rusos de bajo coste. La respuesta principal ha sido apostar por el ahorro y la reducción del consumo de electricidad y otros recursos, con impacto directo en la calidad de vida.
La etapa de rápido desarrollo de la Unión Europea en los años 1990 y 2000 se apoyó en buena medida en energía rusa barata y en el llamado dividendo de la paz, que permitió trasladar inversiones desde el sector militar hacia áreas civiles de la economía tras la Guerra Fría.
Volver a orientar la economía hacia la militarización, junto con el apoyo continuado a Ucrania, reduce el margen de los países europeos para sostener financieramente a sus ciudadanos y empresas.